Por Carlos Rojas Huerta.* [Asuntos del Sur]

Hace unos meses Bolivia y Uruguay anunciaron una serie de negociaciones que tenían por finalidad concretar acuerdos en materia de Hidrocarburos, resultando muy positivos para el gobierno de Mujica. Es de conocimiento público la posición de Bolivia de suministrar una buena cantidad de su gas natural a aquellos socios considerados por el gobierno altiplánico como “relevantes”, y es por eso que ha llegado a un acuerdo con un país como Uruguay, que en la actualidad necesita con urgencia un suministro constante de gas natural para satisfacer la demanda existente.

Bolivia no sólo ha llegado a convenios con Uruguay respecto a la venta de gas sino que además estaría realizando acuerdos con Paraguay, que se suman a los ya existentes con Argentina y Perú, pero, ¿Cuáles son las razones que motivan a Bolivia a no querer realizar acuerdos en materia de hidrocarburos con Chile? ¿Será la carga histórica la culpable de que el pueblo boliviano rechace de antemano cualquier intento de nuestros gobiernos por llegar a acuerdos en estas materias? O el Estado chileno ¿Posee una actitud intransigente respecto a la legítima demanda marítima de Bolivia respecto a su salida al mar?

Son varias las razones que explicarían el rechazo de Bolivia por negociar con Chile la venta de gas. Trataremos de abordar en esta columna aquellas que consideramos más importantes, y profundizaremos en algunas posibles sugerencias en las que la actual administración pudiese explorar en beneficio de la población chilena.

Una primera razón – explicitada por declaraciones oficiales del la administración boliviana- señala la imposibilidad de vender gas a Chile porque el actual gobierno de Morales respetaría la decisión expresada en la cuarta pregunta del Referéndum del Gas convocado bajo la Presidencia de Carlos Mesa en el 2004 de “no vender ni una molécula de gas a Chile”. Esta situación sin lugar a dudas frena toda tentativa por el gobierno chileno de acercar posturas respecto a la compra de gas natural, pese a algunos intentos aislados, como los del ministro Rainieri que en noviembre del año pasado con su par boliviano, Fernando Vincenti, aseguró que los dos países avanzarían a una integración energética y que establecerían una suerte de agenda, que desafortunadamente –y al igual que la posición chilena respecto a la salida al mar de Bolivia- no se han materializado en acciones concretas. Nos encontramos en una situación de status quo, ya que tanto Bolivia como Chile no logran acoplar sus planteamientos respecto a sus respectivas “monedas de cambio”, en otras palabras, Chile no logra ofrecer a Bolivia una respuesta novedosa y espontánea respecto a la salida al mar y por su parte Bolivia acuerda respetar el Referéndum que años atrás acordaron seguir sin cambio alguno.

Otras razón para explicar este problema desde las dos posturas es la falta de un gasoducto por el cual se podría exportar gas a Chile, ya que según autoridades bolivianas antes de pensar en realizar acuerdos o contratos resultaría clave pensar en un proyecto de gasoducto, con todas las dificultades tanto técnicas y económicas que implicaría dicha iniciativa, pero ¿Que tan reales son estas iniciativas? Para Bolivia tampoco de podrían utilizar los actuales gasoductos argentinos, como se trató de proponer en algún instante de las mesas de conversación respecto a este tema.

Otra razón vendría por la falta de una solicitud formal de empresarios chilenos o en definitiva del Estado chileno para comprar gas boliviano, ya que según posturas oficialistas bolivianas, estas tratativas sólo serían “declaraciones de intereses”, pero en ningún caso, negociaciones formales que se traduzcan en contratos o en documentos oficiales de acuerdo. Una de las principales preocupaciones del gobierno chileno ha sido la falta de compatibilidad en materia de confianza con Bolivia, ya que la carga histórica de los pasados recuerdos de las divisiones que provocaron la Guerra del Pacífico parecen revivir cada vez que las partes acercan posturas que parecen irreconciliables. Pero según declaraciones del Ministro de Hidrocarburos boliviano, la principal razón sería por que no se podría vender “aquello que no se tiene”, es decir, según estudios técnicos no se podría vender gas a Chile, pese a la existencia formal de compradores, ya que no existiría el gas suficiente para cubrir la construcción de un gasoducto que iría desde el Chaco hasta posiblemente el puerto de Mejillones, sobre todo basándose en el Informe de Ryder Scott del 31 de Diciembre del 2009.

Pero analizando con mayor detalle la IV pregunta del Referéndum del 2004, en ningún caso se prohíbe la venta de gas a Chile, sino que se ratifica el acuerdo del pueblo boliviano con el Presidente Mesa, para ocupar al gas como principal medio para obtener una salida soberana al pacífico. Se deberían replantear nuevas reglas del juego destinadas a retomar de manera seria y definitiva negociaciones que acercaran a Chile de manera positiva a las tratativas anteriormente fracasadas. Es por eso que dicho referéndum no se constituye en ningún caso como un obstáculo que impida la venta de gas a Chile, ya que si existe una buena negociación y si el gobierno y el pueblo boliviano lo considerasen oportuno, existen las condiciones necesarias para cerrar dichas negociaciones en beneficio de nuestro país.

La necesidad de concretar acuerdos con el gobierno boliviano en materia de hidrocarburos obligará al Estado chileno a reposicionar su estrategia con Bolivia y considerar de una vez por todas nuevas alternativas de conciliación respecto a la salida soberana al mar de país vecino. La población chilena mantiene aquellos valores negativos que la llevan a “demonizar” una posible salida soberana al mar para el pueblo boliviano, ¿Pero cuáles serían los costos que deberíamos afrontar ante un posible acuerdo en estas materias? A nuestro juicio, ofrecer hoy en día una posible solución al gobierno boliviano (por ejemplo, otorgar un puerto concesionado por 100 años a cambio de asegurar 100 años envíos de gas que alimentara a las cuatro primeras regiones de nuestro país) es una opción, pero dependerá directamente del gobierno de mantener con la política largo-placista de perpetuar tratativas que bien sabemos no conducirán ni ahorrarán un solo peso al bolsillo de aquellas familias que “hoy” necesitan de una solución concreta ante las alzas desmedidas de la mayor parte de los servicios en Chile.

Es voluntad del gobierno disponer de ideas claras e innovadores que se materialicen en una solución concreta a las fallidas negociaciones con un país que puede ofrecernos insumos que facilitarían la vida de los ciudadanos chilenos.

*Carlos [Asuntos del Sur], Master en Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile.