Por Carlos Rojas Huerta* [Asuntos del Sur]

Chile es uno de los países de la región que se encuentra más privilegiado respecto a la disponibilidad de recursos hídricos. Existe sin embargo, una distribución irregular de este recurso en territorio nacional, y dado el modelo de gestión del agua en Chile que está centrado principalmente en criterios de asignación y transacciones de mercado, estos recursos hídricos se encuentran fuertemente sujetos a una fuerte disputa, especialmente en aquellas regiones donde este recurso resulta escaso.

Se tiene como resultado el desarrollo de una supuesta “libre competencia” entre derechos de propiedad y usos de las aguas, lo que ha favorecido una excesiva concentración de estos recursos en manos privadas.

Nuestro país dio un paso histórico al vender el pasado 15 de Junio el recurso estratégico más importante en la actualidad. En este caso se trata de la primera venta del control del paquete que en la actualidad es dueño (o era) CORFO-Chile y esta venta se encuentra en directa relación con las declaraciones del Presidente Piñera de que son “inversiones pasivas prescindibles” y que por ende, se deben vender. Este concepto de inversión prescindible nos permite entender la lógica de cómo operan las prioridades del actual gobierno, donde los negocios absorben la mayor parte del interés gubernamental por sobre los intereses de la ciudadanía.

Respecto a la venta de este recurso estratégico es necesario recordar que esta asignación de derechos ha sido favorecido por el marco jurídico que se establece en el Código de Aguas, estableciendo el agua como un “bien nacional de uso público” y además como “bien económico”, lo que permite su venta según pautas y códigos de propiedad privada, debido a autorizar legalmente la privatización del agua a través de concesiones de derechos de uso gratuitamente y a perpetuidad. Es entonces el “mercado del agua” el escenario desde donde se controlaría la oferta y la demanda de este bien tan preciado.

Este “mercado del agua” no estaría en directa relación con las necesidades de la población ni con los debidos resguardos ambientales que se requieren para asegurar la existencia de dicho recurso. Recordemos que los derechos del agua en Chile una vez concedidos a privados, son éstos los encargados de administrar de manera libre y a perpetuidad dicho recurso, existiendo gratuidad en el mantenimiento, tenencia y uso. El no pago de esta administración permite que se caiga en un Monopolio de pocas empresas que utilicen estos derechos de agua y a la vez que se multipliquen los proyectos del uso de este recurso, acelerando las transacciones del uso del agua en base a desincentivar su “acumulación ociosa”.

Este se suma a la condición que hoy en día posee la institucionalidad chilena, que nos ha dado luces de su incapacidad de integrar la gestión y una adecuada fiscalización frente a los conflictos de interés por este recurso. El Código de Aguas descartó aceptar un sistema de tarifas diferenciadas a los derechos de agua y no impuso otros costos a nuevos derechos para su uso en el tiempo, una señal clara que tanto las administraciones de la Concertación (Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet) tanto como el actual gobierno de Piñera aceptan que este marco jurídico respalde un uso irracional y desmedido del principal recurso estratégico de cualquier país, y en nuestro caso, sumar un nuevo paso a la privatización indiscriminada de casi la totalidad de los recursos naturales de nuestros país. Recordemos que en la actualidad, se desarrolla un debate muy interesante respecto al desarrollo de futuros conflictos globales respecto al uso de este recurso estratégico. En Chile, las autoridades no tienen claro que existe el término “largo plazo” y se actúa en base a las utilidades y dividendos que hoy podemos ganar si se aprovecha la oportunidad, tal cual lo realizaron con concesiones respecto a proyectos mineros que afectaban el Ecosistema con Pascua-Lama o la actual disputa por el Proyecto Hidroeléctrico de HidroAysén.

Recordando el uso de este recurso y el rol del Estado, es necesario señalar que hasta finales de los años ochenta, el Estado proporcionaba directamente los servicios sanitarios a la población, situación que resumía un sistema público que estaba parcialmente descentralizado, similar a lo que pasaba con el servicio eléctrico o telefónico. Los principales cambios vendrían en 1989, año en que se reestructura completamente la industria sanitaria en nuestro país apoyado en la creación de una serie de cuerpos legales que definirían las “reglas del juego” como lo fueron la creación de una Superintendencia de Servicios Sanitarios. De manera paralela, se aprobaron 13 empresas regionales que estructuradas bajo Sociedades Anónimas (y todas filiales a CORFO) abarcarían más del 90% de la administración de este recurso. Durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle se iniciaría el proceso de privatización con las primeras empresas en la Zona Central y fue en la administración de Lagos, donde se masificaría a través del proceso de concesiones a un operador, que estaba legalmente regulado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Pero nos encontramos nuevamente con un paso histórico respecto a la venta de un suministro tan importante como lo es el agua, donde la ciudadanía debería cuestionarse de manera real el porqué sucede esta situación o si es mejor, que motivación busca un gobierno al lucrar con un bien nacional como el recursos hídrico, sólo dinero, captando la mayor cantidad posible de inversionistas extranjeros? o extrañamente es fruto de una planificación estatal por incentivar el bueno manejo de privados desincentivando la acumulación ociosa de un recursos que por naturaleza e historia es de todas y todos los chilenos. Esperemos que la sociedad chilena entienda las intenciones detrás de estas sistemáticas acciones de privatización de recursos naturales e incluyan en las actuales movilizaciones una demanda legitima de actos que tienen por finalidad despojarnos de lo que es nuestro, lo que nos hace ser chilenos.

*Carlos es parte de Asuntos del Sur. Master en Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile.