Por Mariana Rodríguez-Pareja ySalvador Herencia Carrasco para ASUNTOS DEL SUR

Como en muchos países de América Latina, El Salvador tiene una historia de violaciones a los derechos humanos en el que el pasado sigue siendo un tema conflictivo y continúa dividiendo a la sociedad salvadoreña. La adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) fue descrita en 1998 por el ex-Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Kofi Annan, como “un regalo de esperanza para las generaciones futuras y como un gran paso a favor de los derechos humanos y el Estado de Derecho”. Desde entonces, 116 países han ratificado el Estatuto, incluyendo a 15 de los 19 de América Latina.

Por lo tanto, podemos decir que la falta de ratificación del Estatuto de Roma por parte de El Salvador, junto con Cuba, Nicaragua y Guatemala, es una excepción a la práctica generalizada del continente. Con una CPI en pleno funcionamiento y con investigaciones activas en Uganda, Darfur, Libia y República Democrática del Congo, ¿cuáles son los obstáculos políticos y legales que retrasan la ratificación por parte de El Salvador? Estos se encuentran relacionados con el proceso de ratificación en el ámbito interno y con cuestionamientos legales que se mantienen en un sector influyente de la sociedad salvadoreña.  en torno a la aplicación material y espacial del tratado.

El proceso interno de ratificación del Estatuto ha sido objeto de constante debate, en especial en cuanto a la necesidad de reformar o no la Constitución. Si el Poder Ejecutivo llegase a considerar que tal reforma fuere necesaria, dada la extensión del proceso y el gran número de votos necesarios para reformar la Constitución dentro de un un Parlamento bastante fragmentado en la práctica esto significaría que El Salvador no formará parte de la CPI en el futuro cercano. La otra opción que tiene el Poder Ejecutivo es no reformar la Carta Política pero incluir en la ley de ratificación del tratado cláusulas interpretativas, abordando las controversias constitucionales, tales como la cadena perpetua y la entrega de ciudadanos salvadoreños a la CPI, entre otras cosas.

A pesar de que aun esta por verse la  decisión final sobre el proceso de ratificación a nivel local, lo que resulta claro es que existe voluntad política por parte del Gobierno para iniciar el proceso de ratificación del Estatuto en el Congreso este mismo año. Esto se debe en gran medida a las visitas realizadas por funcionarios de alto rango de la CPI en 2010. En este sentido, el Ministro de Relaciones Exteriores expresó que estas visitas marcaban la pauta “para continuar la fase de consulta y aportes técnicos de expertos, organizaciones e instituciones nacionales interesadas y especializadas en el tema, a fin de enriquecer la discusión y permitir una etapa de debates legislativos más fructíferos y con mayores elementos de juicio para establecer los consensos necesarios sobre la adhesión o no adhesión de El Salvador a este importante instrumento de garantía de los derechos humanos a nivel mundial”.

Otra de las dificultades para la ratificación del Estatuto de Roma en El Salvador se relaciona con  la aplicación de las cláusulas tales como la prescripción de crímenes internacionales, la validez jurídica de las amnistías y la restricción de las inmunidades de los funcionarios gubernamentales de alto rango frente a graves violaciones a los derechos humanos

Sobre este tema, es importante ser claro El Estatuto de Roma es un instrumento para el futuro  por lo que es jurídicamente imposible que la CPI asuma competencia sobre los crímenes cometidos durante la guerra civil de El Salvador. Las violaciones a los derechos humanos perpetradas en los años 80 y principios de los 90, son cuestiones que deben ser abordadas por los salvadoreños.

En segundo lugar, a pesar de la falta de una legislación de implementación  en torno a principios y crímenes de Derecho Penal Internacional en el país, muchos de sus principios fundamentales ya son vinculantes hacia el Estado salvadoreño  a través de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 y por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este tribunal regional ha contribuido significativamente a la persecución de los crímenes contra la humanidad, las desapariciones forzadas y la tortura en particular. A pesar de que los casos examinados por la Corte Interamericana son diferentes a los que son sometidos a la jurisdicción de la CPI, el Estatuto de Roma ha sido un instrumento que ha contribuido a interpretar  las obligaciones de los Estados en materia de protección de los derechos humanos. Por lo tanto, muchos de los problemas legales que algunos sectores temen ya  son legal y jurisprudencialmente vinculantes para los Estados, entre ellos El Salvador.

En conclusión, gran parte de las controversias constitucionales y legales en relación con el Estatuto de Roma ya han sido afrontadas con éxito por otros países de América Latina. En definitiva, la entrada en vigor de la CPI ha consolidado la incorporación del Derecho Internacional y la observancia de los derechos humanos. La  CPI es un mecanismo excepcional que sólo actuará ante los crímenes más graves. Por lo tanto, es deber de los tribunales nacionales hacer frente en caso que  estas situaciones sean cometidas dentro de su territorio. Si la ratificación del Estatuto contribuye a fortalecer el sistema judicial y el Estado de Derecho, entonces estamos frente a beneficio por el cual todos debemos trabajar juntos.

Mariana Rodríguez Pareja se desempeñó como Encargada de Comunicaciones, Agente de Prensa, Analista para América Latina para la Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI) en su sede central en Nueva York, entre otros puestos para la misma organización en Lima y Buenos Aires. Fue consultora para la Corte Penal Internacional (CPI), Human Rights Watch (HRW), Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), entre otros. Autora de varias publicaciones, y artículos. De profesión Comunicadora y con estudios en la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), Columbia University in the City of New York, Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Salvador Herencia Carrasco. LL.M. Universidad de Ottawa, Consultor de la Comisión Andina de Juristas. E-mail: sherencia@cajpe.org.pe