Por Mariana Rodríguez-Pareja ySalvador Herencia Carrasco* Asuntos del Sur

Entre 1960 y 1996 Guatemala resultó devastada por la violencia y el genocidio. Según el informe de la Comisiónpara el Esclarecimiento Histórico -el Informe Memoria del Silencio[1]- cerca de 200.000 personas fueron víctimas de homicidio o desaparición forzada (entre otros terribles crímenes) y las fuerzas de seguridad cometieron más de 600 masacres, sobre todo en comunidades rurales e indígenas.

Hace algunas semanas, un tribunal local condenó en la ciudad de Guatemala a cuatro ex soldados de una unidad de élite del ejército por la masacre de las Dos Erres, cometida en 1982 y la pena asciende a 6000 años. A pesar de cierta falta de repercusión en los medios a nivel local, este juicio (y su posterior sentencia) legitima el proceso de recuperación histórica del país y ofrece voz y verdad a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos tantas veces -o casi siempre- olvidados por el Estado guatemalteco.

El juicio por la masacre de las Dos Erres además de sentar un precedente importante para la justicia guatemalteca y para las víctimas, nos hace preguntar: ¿ratificará Guatemala el Estatuto de Roma de la CPI en los próximos meses?

El Estatuto fue ratificado por 116 países, incluyendo a 15 de los 19 de América Latina. Por lo tanto, podemos decir que la falta de ratificación del Estatuto de Roma de la CPI por parte de Guatemala,  junto con Cuba, El Salvador y Nicaragua, es una excepción a la práctica generalizada del continente. Con una CPI en pleno funcionamiento y con investigaciones activas en Uganda, Darfur, Libia, Costa de Marfil y República Democrática del Congo ¿cuáles son los obstáculos políticos y legales que retrasan la ratificación por parte de Guatemala?

En principio, Guatemala participó y firmó el Acta Final de la Conferencia de Roma en 1998, pero no firmó ni ratificó el Estatuto de la CPI. En el 2002, la Corte de Constitucionalidad dictaminó[2]sobre la legalidad del Estatuto mediante una Opinión Consultiva favorable. En el 2006, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República emitió un dictamen favorable, pero desde entonces está pendiente el debate en el recinto. Por lo tanto, los impedimentos para la ratificación son claramente políticos dado que el más alto tribunal guatemalteco ha determinado la conformidad del Estatuto con la Constitución. .

El año pasado[3], el Fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo visitó el país junto con el Presidente de la Asamblea de los Estados Parte de la CPI, Embajador Wenaweser,  con la misión de sostener reuniones con los parlamentarios a modo de absolver las posibles duda que pudiesen existir frente a la interpretación y aplicación temporal del Estatuto, contribuyendo al proceso de ratificación. Esta visita respondió a un pedido del gobierno para conversar con los principales partidos políticos del país. Tomando en cuenta la guerra interna de Guatemala, aun existen recelos (infundados) en torno a la competencia temporal de la Corte, específicamente la irretroactividad. A pesar de las promesas hechas por el gobierno guatemalteco -especialmente durante la Conferencia de Revisión[4]celebrada en Uganda en mayo de 2010- aún no se han producido avances significativos sobre la materia.

De acuerdo con información de organizaciones locales, la oposición a la ratificación tiene una posición meramente política, la cual proviene principalmente de ciertos sectores del Congreso de la República, y está relacionada con la discusión acerca de los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno. La ratificación del Estatuto de Roma conllevaría, de alguna manera, al reconocimiento de lo sucedido en el país durante los años de conflicto. Por lo tanto, en este momento en el cual se cuestiona fuertemente la Verdad, la Construcción de la Memoria Histórica y el Informe de la Comisión de la Verdad, se evita la discusión de la ratificación de la CPI.

Las violaciones a los derechos humanos perpetradas en esos 36 años son cuestiones que deben ser abordadas por la justicia guatemalteca o por quienes tenga jurisdicción y competencia para llevar adelante esa difícil tarea. A nivel local, distintos litigantes están tratando de llevar adelante casos por violaciones a los derechos humanos, incluso por genocidio. El papel de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha sido fundamental en este proceso, como un actor en la lucha contra la impunidad. Asimismo, los contenidos del Estatuto de Roma y diversos fallos -especialmente del Tribunal Penal para la Ex Yugoslavia y para Ruanda- están sirviendo de base a las defensoras de derechos humanos de las mujeres y sus litigantes, para el reclamo de justicia ante otros tribunales, especialmente ante la Audiencia Nacional de España que aplica el principio de jurisdicción universal.

Por lo tanto -y en esto vemos una similitud con el caso de El Salvador-, a pesar de la falta de una legislación de implementación  en torno a principios y crímenes de Derecho Penal Internacional en el país, muchos de sus principios fundamentales ya son vinculantes para el Estado guatemalteco por medio interpretativo del Estatuto de Roma y de los fallos de los tribunales ad hoc, pero también a través de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969[5]y por jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Corte Penal Internacional es un mecanismo excepcional y complementario a los tribunales locales, que sólo actúa ante los crímenes más graves, como son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Es deber primario de los Estado el juzgar en caso que este tipo de crímenes sean cometidos en su territorio o por alguno de sus ciudadanos. La ratificación del Estatuto de Roma ofrece la garantía de la no repetición de crímenes y en un país que ha sufrido un conflicto tan grave, la ratificación y la implementación del Estatuto de la CPI contribuirá a fortalecer el sistema judicial y el Estado de Derecho, por lo tanto, será un beneficio para las generaciones futuras.

Versión en Inglés: http://ijcentral.org/blog/guatemala_a_long_and_difficult_road_towards_icc_ratification/

*Mariana Rodríguez Pareja [ADS]es experta en comunicaciones y en derechos humanos. Anteriormente se desempeñó como Agente de Prensa para la Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI) en su sede central en Nueva York, entre otros puestos para la misma organización en Lima y Buenos Aires. @maritaerrepe

*Salvador Herencia Carrasco. LL.M., Universidad de Ottawa. Consultor de la Comisión Andina de Juristas en el Perú y Asesor del Área de Estudios y Proyectos de la Asociación SALGALU para el Desarrollo. E-mail: sherencia@cajpe.org.pe